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Suspenden cuatro licitaciones por casi G. 2.000 millones: DNCP detectó irregularidades en llamados de Magín

  • Foto del escritor: B. David Reyes
    B. David Reyes
  • 26 may
  • 2 Min. de lectura

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Por irregularidades en los llamados a licitación, Contrataciones Públicas suspendió cuatro nuevas convocatorias de la Municipalidad de Villarrica. Son para obras varias con una inversión estimada que llega a casi G. 2.000 millones.


La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió cuatro llamados a licitación de la Municipalidad de Villarrica por supuestas irregularidades detectadas en los pliegos de bases y condiciones, como también en los mecanismos de convocatoria. Las protestas de potenciales oferentes que objetaron errores en las condiciones llevaron a la recomendación de frenar los procesos. La Municipalidad de Villarrica, administrada por el intendente Magín Benítez, tenía estimado invertir casi 2.000 millones de guaraníes y la fuente de financiación son los royalties.


La primera suspensión afectó al llamado para construir sanitarios y murallas en instituciones educativas. Preveía una inversión de 473 millones de guaraníes y debía abrirse a mediados de marzo. Esta y las demás convocatorias se hicieron bajo la modalidad de Procedimiento de Menor Cuantía, siendo una subcategoría de licitación pública más flexible.


Otra licitación suspendida fue la de renaturalización y readecuaciones en el parque Manuel Ortiz Guerrero, con un presupuesto de 498 millones. También quedó sin efecto el llamado para construir empedrados, con una inversión proyectada de 494 millones. Ambas estaban previstas para mediados de abril.


Finalmente, se suspendió la licitación para construir sanitarios y reparar aulas, que costaría unos 501 millones de guaraníes y cuyas ofertas debían abrirse el martes pasado.

No es la primera vez que la DNCP objeta los procesos de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del municipio de VIllarrica, a cargo del funcionario Luis Vallejos.


Las observaciones apuntan a fallas administrativas que afectan la libre competencia, la transparencia y el control, alimentando sospechas de direccionamiento de contratos públicos.



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