Se desconoce destino de combustible por más de G. 250 Millones: Contraloría ya había detectado falta de transparencia de Magín Benítez
- B. David Reyes
- 4 abr 2025
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La Contraloría detectó que el intendente Magín Benítez no rindió cuentas sobre el uso de combustibles por más de G. 250 millones durante el 2022. La ausencia de controles mínimos y la falta de documentación respaldatoria comprometen al jefe comunal, quien enfrenta crecientes denuncias de falta de transparencia y un abierto enfrentamiento con la Junta Municipal.
En medio de un debate sobre la renovación del convenio de contratación directa con Petropar para la provisión de combustible en la Municipalidad de Villarrica, se reveló que Magín Benítez cuenta con antecedentes de irregularidades en el uso de estos recursos.
Según el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), realizado por la Contraloría General de la República (CGR) solo sobre el ejercicio fiscal 2022, el intendente no respaldó con actas de remisión y recepción el pago por unos 253 millones de guaraníes en concepto de combustibles, lo que representa una violación de la Ley N°2051 de Contrataciones Públicas, concluye el dictamen del ente de control.
La falta de estos documentos elementales, que permiten verificar que el carburante pagado fue efectivamente entregado, constituye una grave omisión que pone en duda el uso real de esos fondos. La Contraloría advierte que, en ausencia de esta documentación, no se puede descartar la posibilidad de que el combustible haya sido desviado o nunca adquirido. La sospecha de una operación fraudulenta se refuerza con el hallazgo de más de 30 irregularidades administrativas en esa fiscalización, que hoy manchan la gestión municipal.
Además, el informe revela que se realizaron pagos a través de la caja chica, mecanismo expresamente restringido para este tipo de adquisiciones. La empresa proveedora en ese entonces fue Estaciones de Servicio Elpa S.A., pero ni siquiera esta relación contractual fue acompañada por mecanismos de control básicos.
La CGR también constató que la Municipalidad no cuenta con un libro de registro de órdenes de trabajo de los vehículos que supuestamente utilizaron el combustible, incumpliendo las directrices de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Los pocos documentos presentados por la administración Benítez —según detalla el informe— son un muestrario del descontrol: órdenes de trabajo de manera en hojas desordenadas, sin datos clave como kilometraje, distancia recorrida ni identificación precisa de los vehículos abastecidos. Sin estos elementos, cualquier intento de justificar los gastos es inviable, y se amplía la sospecha de uso arbitrario o ilícito de los recursos.
Es que, dado que no hay actas de entrega y recepción, un registro adecuado ni datos suficientes en las órdenes de trabajo, se desconoce si el combustible fue utilizado para vehículos municipales o si fue desviado para otros fines. Igualmente, hay otro dato alarmante: todas las cargas de combustible durante 2022 se realizaron sin el uso de la tarjeta de banda magnética, sistema obligatorio para garantizar la trazabilidad del consumo de carburantes. Pese a que el Decreto Presidencial que reguló el Presupuesto General de la Nación 2022 prohibía expresamente este tipo de entregas sin control digital, la Municipalidad de Villarrica ignoró la normativa.
Recién en 2024, tras las observaciones de la CGR, el intendente decidió implementar el sistema de tarjetas magnéticas al firmar un convenio directo con Petropar. Sin embargo, la adopción tardía del mecanismo no borra los antecedentes de desidia e incumplimiento sistemático de las obligaciones legales.
La Contraloría también señaló que en 2022 no se realizó un llamado a licitación pública para la compra de combustibles. Benítez justificó la contratación directa alegando “urgencia” por el cambio de administración. Pero esta práctica se repitió en 2023, ya sin justificación alguna, beneficiando en esa ocasión a la empresa unipersonal de Juan Ernesto Castellano Silvero.
Para el 2024, volvió a adjudicar la compra de forma directa, pero ahora con Petropar, nuevamente sin licitación, aunque amparándose esta vez en la excepción prevista por la Ley Nº 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.
Por otro lado, aunque el informe de la CGR corresponde al periodo 2022, el manejo del combustible por parte del intendente Magín Benítez sigue generando serias dudas en los años posteriores. El jefe comunal ha optado por el silencio ante reiterados pedidos de informes de concejales opositores, agravando el conflicto político y dejando a la ciudadanía sin respuestas.
La falta de transparencia alcanzó su punto crítico esta semana, cuando se paralizó completamente el parque automotor municipal por falta de combustibles. Obras viales, recolección de residuos y otros servicios quedaron suspendidos. El Ejecutivo municipal culpa a la Junta por no renovar el contrato con Petropar, pero los ediles responsabilizan a Benítez por dilatar el trámite y vetar la resolución el último día del plazo legal, sin ofrecer soluciones de contingencia.
En paralelo, se acumulan denuncias más graves. Concejales de la ANR aseguran que personas ajenas a la Municipalidad utilizan la tarjeta flota para retirar diésel de forma irregular. Alegan que muchas cargas son “fantasmas” y que el combustible terminaría siendo redirigido a fines proselitistas. Los señalamientos salpican también a la diputada María Constancia Benítez (PLRA), madre del intendente, quien presuntamente se beneficia de estos manejos.
Ediles opositores también denuncian que varios funcionarios figuran como beneficiarios de combustibles que nunca recibieron, y reiteran que el intendente se niega a remitir el listado completo de usuarios de la tarjeta flota, a pesar de los múltiples pedidos formales.
Por su parte, el intendente desestimó las denuncias de corrupción y exhortó a los concejales a presentar pruebas formales si tienen acusaciones en su contra.
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