Piden informe por millonaria deuda de la Municipalidad: Concejales piden denunciar ante la Contraloría o Fiscalía

La Municipalidad quedó al borde de la quiebra tras la gestión del exintendente Magín Benítez. La Junta exige denunciar las irregularidades ante la Contraloría o la Fiscalía.

En sesión ordinaria, los 12 concejales municipales coloradas y liberales aprobaron por unanimidad exigir un informe pormenorizado sobre una deuda que supera los G. 5.000 millones. La crisis financiera generada durante la administración del exintendente Magín Benítez (PLRA) dejó a la Municipalidad de Villarrica prácticamente en quiebra, según los ediles.

Cabe recordar que antes de su renuncia el pasado 3 de julio, la Junta Municipal ya le había rechazado la rendición de cuentas del ejercicio 2026 debido a la mala gestión de los fondos públicos y a la falta de documentos respaldatorios.

Entre las irregularidades más graves detectadas figura un faltante de más de G. 2.200 millones en concepto de aportes a la Caja de Jubilaciones. Este dinero fue descontado del salario de los funcionarios (el 10%), pero nunca fue ingresado a la entidad previsional. A esto se suma que la comuna adeuda dos meses de sueldo a los trabajadores, correspondientes a junio y julio.

Las sospechas de mal manejo presupuestario se extienden a otros rubros, aparecieron facturas por G. 176 millones destinadas a supuestas compras de materiales para bacheo, mientras las calles de la ciudad continúan en estado calamitoso. Se registran deudas por más de G. 540 millones orientadas a la refacción de aulas, sin respaldo claro de la ejecución.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) realizó serias observaciones y canceló licitaciones por deficiencias técnicas e incumplimientos en las obras de la terminal de ómnibus y la restauración del teatro municipal.

Ante este panorama, la Junta Municipal exige al intendente interino Ovidio Cuevas (ANR) que impulse las investigaciones correspondientes y formalice las denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público para deslindar responsabilidades penales y administrativas.