Esperan que contraloría audite gestión de Magín Benítez: También se pidió a la Fiscalía que investigue posibles hechos de corrupción

La Junta Municipal de Villarrica aguarda que la Contraloría General de la República inicie una auditoría a la gestión del intendente Magín Benítez (PLRA), tras el rechazo de su última rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se solicitó a la Fiscalía una investigación penal ante sospechas de hechos de corrupción.

El pedido fue impulsado por los concejales de la ANR, quienes —con mayoría de siete votos— rechazaron la aprobación del informe presentado por el jefe comunal correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Los ediles denuncian múltiples irregularidades, como adjudicaciones directas sin control, gastos sin respaldo documental, uso discrecional de combustibles y transferencias de fondos a comisiones vecinales sin mecanismos claros de fiscalización.

Uno de los puntos más cuestionados es la ejecución de obras de bacheo y recapado, que demandaron más de 1.350 millones de guaraníes y que, según los concejales colorados, ya presentan deterioro pese a su reciente habilitación. Durante una verificación in situ, realizada por los propios ediles junto a funcionarios municipales, se constató el mal estado de los tramos intervenidos en los boulevares España, Yegros, Bicentenario y Caballero.

Además, los contratos para estas obras de bacheos fueron adjudicados mediante mecanismos excepcionales —como contratación directa, vía de la excepción y procedimiento de menor cuantía—, lo que impidió que se llame a licitaciones públicas y redujo el control ciudadano y de la Junta misma. En algunos casos, incluso se sospecha de la existencia de empresas de maletín.

Uno de los contratos más polémicos fue otorgado a RB Construcciones, una firma de Coronel Martínez, propiedad de Oliver Riquelme López, que no figura como proveedor registrado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La empresa no tendría oficina física y habría emitido facturas presuntamente falsas, según denunció el concejal Wilfrido Portillo.

Aunque estas irregularidades se refieren al ejercicio 2024, existen antecedentes similares en años anteriores. En 2022, la Contraloría ya había detectado que el intendente ocultó información sobre contratos por un valor total de 3.760 millones de guaraníes. Estos no fueron comunicados a la Junta ni incluidos en los informes financieros de la rendición de cuentas.

Otro punto crítico es el destino de 396 millones de guaraníes transferidos a entidades sin fines de lucro y comisiones vecinales, sin evidencia de control ni informes de rendición. Estas transferencias forman parte de más de 30 irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría en el ejercicio 2022, entre ellas la falta de facturas originales, inconsistencias en los saldos iniciales y finales, gestión deficiente de ingresos y documentación que no coincide con los desembolsos realizados.

Hasta el momento, la Contraloría no ha confirmado si recibió formalmente el pedido de la Junta. Sin embargo, los concejales esperan que en los próximos días se dé curso a la solicitud y se disponga una auditoría integral. Esta debería incluir la revisión de la ejecución presupuestaria, los contratos de obras y servicios, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, y el uso de recursos sensibles como combustibles, viáticos y subvenciones, indicaron desde la Junta.

Por su parte, el intendente Magín Benítez sostiene que su rendición fue presentada en tiempo y forma, con toda la documentación respaldatoria. Asegura que el rechazo y el pedido de auditoría responden a una persecución política por parte de los concejales de la ANR.