Despilfarro de G. 1.350 millones en bacheos chapuceros: Magín usó maniobras para evitar control y transparencia

El intendente de Villarrica, Magín Benítez, despilfarró más de G. 1.350 millones en bacheos chapuceros que hoy vuelven a mostrar un visible deterioro. Lo hizo recurriendo a maniobras oscuras, ocultando contratos y eludiendo sistemáticamente el control de la Junta y de la ciudadanía.

Magín Benítez dilapidó más de 1.350 millones en bacheos y recapados asfálticos que ya volvieron a romperse, especialmente en los boulevares España y Yegros. Utilizó mecanismos de contrataciones para evitar la transparencia y adjudicar contratos sin control previo, burlando a la Junta Municipal y dejando a oscuras a la ciudadanía.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, el intendente adjudicó cuatro contratos para el arreglo de calles. Lo hizo mediante mecanismos excepcionales como la contratación directa, la vía de la excepción y el procedimiento de menor cuantía, amparado en la Ley de Contrataciones Públicas, pero con excusas legales y violando su espíritu de transparencia. Así lo revelan los datos de estas adjudicaciones y obras disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en los documentos presentados por el propio jefe comunal en su rendición de cuentas ante la Junta.

Llamativamente, en los tramos de los boulevares España y Yegros, como en su intersección, pese a que se realizaron al menos dos intervenciones en los últimos dos años, el asfaltado volvió a deteriorarse. Es un ejemplo de cómo el dinero invertido, al menos 1.350 millones de los royalties en estos cuatro contratos, terminó en obras de mala calidad, fruto de contrataciones direccionados y sin control previo. Igualmente, el despilfarro real es superior, ya que se desconocen los detalles de las adendas, que pueden aumentar hasta en un 20% los montos de los contratos.

En noviembre de 2023, la Municipalidad adjudicó de forma directa por 160 millones de guaraníes a la empresa RB Construcciones, de Oliver Julián Riquelme López, la reparación del sistema hidráulico y vial de los boulevares España y Yegros. Según la Ley de Contrataciones Públicas, esta figura legal permite evitar el llamado a licitación hasta un tope de 2.000 jornales, pero obliga a publicar el proceso en la web de la DNCP, cosa que el intendente no hizo. Y peor aún, la empresa beneficiada ni siquiera está registrada como proveedora del Estado, según se puede constatar en la DNCP.

En mayo de 2024, el intendente firmó otro contrato por 476 millones con Grupo Río Paraná SA, representada por Víctor Hugo Villalba Flores. Esta vez utilizó la vía de la excepción, una herramienta reservada para situaciones de urgencia impostergable, pero en este caso no se justificó ninguna emergencia y solo se trató de una excusa del intendente para digitar la contratación. Y si bien el proceso fue publicado en la web de la DNCP, fue con la figura de publicación posterior; es decir, la información se publica recién luego de la adjudicación y sin permitir que otros oferentes se enteren de la licitación y puedan participar. Esta modalidad intenta acelerar los procesos, pero termina cayendo en una estrategia que oculta deliberadamente la operación hasta que ya no puede ser revertida.

En julio del mismo año, Benítez volvió a apelar a una contratación directa, esta vez por 213 millones, al límite del monto permitido. La adjudicataria fue G.F.E.N. Construcciones, de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia, para obras de drenaje y adecuación vial. Nuevamente, no se publicó el proceso en la DNCP y recién se conoció su existencia con la rendición de cuentas.

Finalmente, en noviembre de 2024, esta misma empresa fue nuevamente premiada con un nuevo contrato, ahora por 500 millones de guaraníes, bajo la figura de menor cuantía, una subcategoría de hasta 5.000 jornales y reservada para Mipymes. Aunque esta vez sí se publicó en la DNCP, fue también con posterioridad a su adjudicación, evitando cualquier fiscalización previa.

En los cuatro contratos detallados, la Junta Municipal fue mantenida al margen, sin tener conocimiento y menos con poder para controlar. No se convocó a otros oferentes, se realizaron sin competencia de ofertas ni mecanismos efectivos de fiscalización, y en dos casos ni siquiera se cumplieron los pasos mínimos de transparencia. Los otros dos se publicaron tarde, con el objetivo de evitar cualquier forma de escrutinio previo a la adjudicación.

Las herramientas legales de contratación directa, de excepción y menor cuantía están pensadas para urgencias reales o para fomentar la participación de pequeñas empresas, no para usarse como escudo para la malversación de fondos. Y Magín Benítez las utilizó para esquivar controles, direccionar adjudicaciones y despilfarrar más de 1.350 millones del dinero público en obras mal ejecutadas. Hoy, el asfalto quebrado y los baches en los boulevares España y Yegros son la prueba visible de un manejo oscuro, irresponsable y sin consecuencias.