Contraloría auditará Municipalidad de Villarrica: Intendente bajo la lupa por falta de transparencia
- B. David Reyes

- 18 jun
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 19 jun

La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una auditoría exhaustiva a la Municipalidad de Villarrica, ante presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión del intendente Magín Benítez (PLRA). La falta de transparencia y el posible uso indebido del presupuesto municipal figuran entre las principales causas de la intervención.
Mediante la Resolución Nº 592/24, la Contraloría General de la República comunicó que la auditoría abarcará la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2024 hasta mayo de 2025. El equipo auditor realizará inspecciones in situ, entrevistas y requerirá documentos clave para esclarecer el destino de los recursos públicos. La comuna deberá designar un Nexo Oficial y remitir la información solicitada en un plazo máximo de cinco días.

Esta medida se suma a antecedentes que comprometen seriamente a la administración municipal. Benítez figura entre los intendentes que no presentaron su rendición de cuentas en 2024. Además, el informe de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada en 2022 ya había revelado graves irregularidades en el uso de fondos públicos.
En aquel informe, la Contraloría detectó la omisión de contratos por más de G. 3.760 millones, que no fueron comunicados a la Junta Municipal ni incluidos en los informes financieros. También se observó la transferencia de G. 396 millones a comisiones vecinales y entidades sin fines de lucro, sin evidencias de control ni informes de ejecución.
La gestión del intendente arrastra más de 30 irregularidades administrativas en el ejercicio 2022, entre ellas la falta de facturas originales, inconsistencias en los saldos iniciales y finales, gestión deficiente de ingresos y documentación que no coincide con los desembolsos realizados.
Incluso los propios concejales liberales han cuestionado la falta de transparencia en el uso del dinero público y la falta de informes sobre obras claves, como la terminal de ómnibus de Villarrica.







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