Condenan a tres responsables de una estafa informática de G. 995 millones contra empresa internacional

Tres personas fueron condenadas por la Justicia tras ser halladas culpables de participar en un esquema de estafa informática que ocasionó un perjuicio de G. 995 millones a una empresa internacional con sucursal en Paraguay.

La agente Fiscal Ruth Benítez, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos mediante Sistemas Informáticos, obtuvo la condena de José Rafael Yaratí Báez a cuatro años de prisión, César David Fernández Amarilla a tres años y Martín Federico Varela a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario García, Olga Ruiz y Celia Salinas.

Durante el juicio oral se probó que José Rafael Yaratí Báez, quien ocupaba un cargo de confianza en el área administrativa de la empresa afectada, aprovechó la ausencia del Gerente General —quien se encontraba de reposo— para utilizar indebidamente sus credenciales de acceso al sistema de banca electrónica corporativa.

Según los antecedentes del caso, el condenado realizó dos transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) por un total de G. 995.000.000, fondos que fueron depositados en una cuenta perteneciente a César David Fernández Amarilla.

La investigación fiscal logró reconstruir el mecanismo utilizado mediante el análisis de direcciones IP, dispositivos informáticos y registros de trazabilidad digital. Las evidencias tecnológicas permitieron determinar que las operaciones fueron ejecutadas desde las oficinas de la empresa y utilizando el equipo asignado a Yaratí Báez, identificándose con precisión la fecha, hora y origen de las transacciones.

Asimismo, se comprobó que el 18 de mayo de 2023, un día después de efectuadas las transferencias, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela retiraron en efectivo G. 994.600.000 de una entidad bancaria ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción.

Durante el proceso judicial, ambos condenados no pudieron justificar el origen de los fondos recibidos. Además, el análisis de imágenes de circuito cerrado de la entidad financiera permitió confirmar su participación en el retiro del dinero.

Con estas condenas, el Ministerio Público destacó el resultado de una investigación basada en evidencias digitales y financieras, reafirmando su compromiso en la lucha contra los delitos informáticos y la protección del patrimonio de personas y empresas frente a hechos cometidos mediante el uso de tecnologías.