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A un año del derrumbe en Encarnación: dos muertes, seis imputados y una causa atrapada en la dilación

  • Foto del escritor: German Godoy
    German Godoy
  • hace 3 horas
  • 1 Min. de lectura

El 2 de abril de 2025, el colapso de un edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación dejó una escena brutal: una estructura destinada a funcionar como apart hotel se vino abajo y acabó con la vida de Hermelinda Báez, de 55 años, y su nieta Montserrat Brítez, de 15. Lo que debía ser una obra de desarrollo terminó convertido en símbolo de dolor, negligencia y descontrol institucional.


A un año de la tragedia, el caso sigue sin una respuesta judicial firme. Según lo expuesto en la entrevista, el Ministerio Público imputó a seis personas, pero la causa quedó empantanada por objeciones procesales, correcciones del acta de imputación y nuevos recursos planteados por las defensas. En otras palabras: mientras las víctimas ya tienen nombre, apellido y tumba, la Justicia sigue discutiendo papeles.


Las sospechas apuntan a una cadena de responsabilidades compartidas. Medios nacionales informaron que el plano aprobado era originalmente para cinco pisos, pero la estructura levantada superó ese diseño e incluso incorporó niveles y una piscina, lo que alimentó las hipótesis de graves irregularidades técnicas y administrativas.


La investigación no solo pone la lupa sobre propietarios y responsables de obra, sino también sobre el control municipal que debía impedir que una construcción así avanzara al borde del desastre.


Hoy, el expediente parece resumir uno de los peores vicios del sistema: cuando la tragedia ya ocurrió, todos descubren que “había advertencias”, pero nadie evita el derrumbe antes. Encarnación no solo perdió dos vidas; perdió también la tranquilidad de creer que los controles públicos funcionaban. Y eso, francamente, ya no es accidente: empieza a parecer costumbre.

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